domingo, 19 de enero de 2014

LOS LÍOS DEL REPRESENTANTE

El Representante a la Cámara y aspirante al Senado por el partido Conservador, Juan Diego Gómez Jiménez, solicitó a través de El Colombiano rectificación de mi parte, al considerar que estaba manchando “su buen nombre” y afectando su campaña política, con mi columna del pasado 26 de diciembre donde me referí a unas denuncias en su contra.

El candidato anexó un certificado de la Fiscalía donde se informa que en su contra no existe investigación alguna y advirtió que no debía creérsele a la denunciante, la constructora Margarita Sosa Parra (a quien dice no conocer), porque es una persona de “dudosa reputación” que enfrenta denuncias penales por estafa y a la que demandó por injuria y falsa denuncia.

Debe saber Gómez Jiménez que las denuncias no solo son judiciales, sino que también se pueden realizar a través de los medios de comunicación para que investiguen.

Margarita Sosa Parra fue una reconocida constructora que adelantó exitosamente 22 proyectos de construcción de propiedad horizontal y fue presuntamente víctima de las mismas actuaciones fraudulentas (estafa y fraude procesal) por las que la Corte Suprema condenó al difunto convicto, padre del candidato,  cuando se demostró que se apropió indebidamente de unos predios en el Municipio de Bello, pero esta vez por una negociación de unos predios en el Barrio Laureles de Medellín. Allí  el padre del Representante entregó una confusa promesa de compraventa de dos casas que serían demolidas para levantar un edificio (de las que ni tenía escrituras y que figuraban a nombre de dos terceros, donde uno de ellos, José Reinaldo Jaramillo Otálvaro, nunca se supo quién era, y quien a través de un poder, al parecer “chimbo”,  autorizó a un “misterioso” coterráneo santuariano del clan Gómez, Gilberto Alonso Zuluaga Quintero, para venderlo).

Lo delicado de este asunto es que el negocio de compraventa contó con la “profesional” intermediación de Juan Diego Gómez Jiménez, Diputado de Antioquia para ese entonces, como lo demuestra documento que aportó como evidencia Margarita Sosa Parra en la respectiva denuncia ante la Fiscalía 82, Seccional Medellín),  así como los testimonios del sacerdote Juan Diego Ruiz, del canal Televida, y de su apoderada Gloria Acosta, quienes están dispuestos a testificar también ante Fiscalía  y ante cualquier otra autoridad, pero que no lo han hecho porque aún no han sido llamados a declarar (pese a figurar como testigos) sobre las reuniones entre Sosa Parra con el Representante conservador de cara a la negociación de estos predios.

Ante las anomalías Margarita Sosa Parra, que ya había invertido unos dineros, suspendió los pagos al padre del candidato, quien en represalia se apoderó nuevamente del lote para venderlo a alguien menos minucioso; ella perdió 600 millones de pesos y lógicamente recibió unas demandas penales por los incumplimientos con los clientes que habían comprado sobre planos algunos de los apartamentos, pero lo que no dice Gómez Jiménez es que esas demandas las recibió debido a la presunta estafa de la que fue víctima por parte del difunto padre del “ilustrísimo” Representante , y que posteriormente denunció en la Fiscalía antes mencionada.

Penalmente la defensa de Sosa Parra solicitará a la Fiscalía 82, Seccional Medellín, que se vincule a Gómez Jiménez al proceso donde se investiga a su madre y a su difunto padre, por los hechos ocurridos en esta negociación. En lo civil, el Representante y su familia, heredaron también las responsabilidades de los líos de su padre.

Serias irregularidades que me generan preguntas sueltas: ¿qué estará pensando la Comisión de Ética del Partido Conservador?, ¿Jenaro Pérez “el gran cooperativista de Antioquia”, sabrá de los líos de la familia del Representante con una cooperativa del oriente antioqueño?, ¿qué será lo que se está moviendo en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que tiene tan inquieto al candidato?

sábado, 14 de diciembre de 2013

FISCALIZACIÓN MEDIÁTICA Y RECTIFICACIÓN

En derecho nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, todo individuo que tenga alguna denuncia en su contra, se presume inocente hasta que sea juzgado y condenado por un juez. Pero ante una justicia tan lerda y politizada, es deber de los medios de comunicación y del periodismo en general hacer una labor fiscal e investigativa de cara a denunciar y a dejar en evidencia los problemas sociales y a sus responsables. 

Son pocos los periodistas y columnistas que se atreven a hacer denuncia, porque en este país hay mucho malo y sabemos todos cómo es que la gente mala salda sus cuentas, con sangre.

Pero también es cierto que gracias a los medios de comunicación se han logrado poner en conocimiento público importantes hechos que los organismos competentes han tomado como fundamento para iniciar sus propias pesquisas. 

Casos hemos visto donde columnistas como José Obdulio Gaviria o el Ex ministro Fernando Londoño han sido llamados a retractarse porque es normal que en las columnas de opinión se emitan juicios (que terminan no siendo tan ciertos) en contra de alguien, y es deber ético del columnista reconocer que ha fallado, pero en los casos de estos dos “prohombres” de la patria, se han negado a la decisión del fiscal o su forma de retractarse no ha sido aceptada por la justicia o el denunciante.

En mi caso que soy proclive a la crítica y a la acusación, he encontrado contradictores que están en todo su derecho de sentirse vulnerados, atacados, calumniados o injuriados con mis escritos (cosa que no es mi intención), y si un fiscal considera que debo rectificar luego de validar las pruebas en las que siempre sustento mis columnas, y sí acepto que incurrí en un error, me retractaré con la certeza de ser el directo y único responsable de mis afirmaciones, no el medio donde se difunde la información.

Pongo de ejemplo una demanda por injuria y calumnia que el ex Alcalde de Dabeiba Omar Anaya Villareal, instauró en mi contra por hacer eco de unas supuestas relaciones con el quinto frente de las Farc, producto de unas denuncias y pruebas presentadas por un periodista “reconocido” en Urabá, tanto por la forma como manipula la información al divulgarla, como por su dudosa reputación en la región (constatada por muchas personas).

Al ex Alcalde de Dabeiba ofrezco disculpas por los perjuicios morales y por haber creído en las débiles pruebas que obtuve por parte del periodista “intocable” del Urabá, a quien recurrí como buen colega solidario con el gremio, para salir en su defensa luego de denunciar haber recibido una carta bomba (que resultó inofensiva), hecho que registraron los más importantes medios de comunicación del país y donde el sospechoso número uno, o autor intelectual según el “dudoso” denunciante, era el señor Anaya. 

El caso es que mi ex amigo periodista empírico tiene sus enredos y bien delicados, que la fiscalía y demás organismos de control, tendrán que investigar con mucho detenimiento, porque a mi parecer, todo fue una estrategia de embuste, para obtener un esquema de protección del Estado y moverse con mayor confianza en la zona, para hacer lo que más sabe: desinformar.

jueves, 5 de diciembre de 2013

INTRUSO PELIGROSO EN LA PRENSA

¿Se acuerdan del “periodista” Juan David Betancur, corresponsal de noticias para la subregión de Urabá, Occidente y Magdalena Medio antioqueños, director del periódico El Panamericano de Occidente y Urabá, y director del blog periodístico "La cantaleta de Juan"?

Es el mismo que a principios de marzo llamó la atención de la opinión pública al denunciar amenazas en su contra, así como un atentado (que en realidad fue un golpe con un inflador de bicicleta que le propinaron en una pelea de borrachos) y lo más escalofriante, una carta bomba (que resultó contener un tote de esos que venden a la salida de los colegios, que no representaba ningún tipo de riesgo como posteriormente lo constató la policía y el ejército), todo por estar denunciando una serie de irregularidades administrativas y actos de corrupción (que no existieron) por parte del ex Alcalde de Dabeiba Omar Alberto Anaya cuando ejercía como mandatario de ese municipio y a quien acusa de tener vínculos con el quinto frente de las Farc.

Resultó ser una persona no grata en la región como me lo expresó la Personera de Dabeiba, Glora Eugenia Ortiz, quien me entregó pruebas de las denuncias por estafa que varias personas afectadas por los enredos del señor Betancur han interpuesto en la Fiscalía. “Él está perdido y no viene al municipio porque sabe que la debe”.

Una de sus víctimas que se encuentra escondido, Otoniel Antonio Presiga, en denuncia ante la Fiscalía General de la Nación afirma que Betancur lo amenazó con la posibilidad de hacerle meter un tiro si lo incriminaba en el robó de $23.206.760 pertenecientes a un convenio entre la Administración de Dabeiba y Corposocial, donde nuestro “querido amigo” haciéndose pasar por él, que era el contratista encargado para la ejecución del convenio, falsificó su firma y cobró la plata. ¡Qué horror! 

Este señor se desempeñó como Secretario de Desarrollo de Dabeiba en la administración de Ovied de Jesús Aguirre, y según la Personera y el ex Alcalde de Dabeiba Omar Anaya, también se apropió indebidamente de una video cámara Panasonic, de un micrófono inalámbrico, de implementos adquiridos por el municipio para el canal comunitario, así como de un dinero del Centro de Bienestar del Adulto Mayor. 

Son tantos sus enredos que para explicarlos en detalle tendría que escribir un libro. El caso es que Betancur logró engañar a Colombia y a asociaciones internacionales que trabajan en la defensa del periodismo, y debido a la gran solidaridad y camaradería del gremio no fue difícil visibilizar las noticias sobre el aparente “riesgo” que corría su vida y de paso acabar con la reputación del señor Anaya a quien ofrezco disculpas públicamente por hacer eco de las infamias proferidas por Betancur. Otros medios también lo deberían hacer. 

Con mentiras logró obtener un esquema de protección del Estado que por fortuna le desmontaron cuando la Unidad de Protección Regional Antioquia se dio cuenta de su mentira. No está por demás solicitar a través de este espacio protección para mí, pues sé que estoy jugando con candela y ejerciendo una lucha romántica, en medio de una guerra que está perdida, esa de meterse con los grupos armados al margen de la ley, pues Betancur se mueve como pez en el agua calumniando en la región y “presuntamente” teniendo contactos con guerrilleros, paramilitares y delincuencia común de la zona. 

Si me matan por denunciar injusticias o pongo en peligro mi vida, mi lucha habrá valido la pena pues seré un precedente más de periodistas dispuestos a darlo todo por la reivindicación de la verdad.

jueves, 28 de noviembre de 2013

RESPUESTAS DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO

Gran logro para el joven Jaime Cuartas del Partido Verde haber sido elegido por unanimidad como Presidente del Concejo de Medellín, donde como cabeza visible de la Corporación tendrá la tarea de representar y defender con vehemencia los intereses de los medellinenses y actuar con total independencia política y sentido social.  

Independencia política que le ha faltado a concejales, diputados y congresistas para legislar en beneficio de la comunidad y que el nuevo Presidente del Concejo resalta como su gran virtud, al punto de reconocer  a Sergio Fajardo como “un gran líder”, pero no considerarlo como su jefe. De manera que no crea Sergio que el Concejo de Medellín estará a su disposición por tener un copartidario en la Presidencia. 

Antes de comenzar la entrevista con Jaime Cuartas le dije que mi objetivo no era exaltarlo sino enfrentarlo al debate público para encarar temas de trascendencia, y me sorprendió exhortándome a preguntarle lo que me diera la gana. 

Entonces me alejé de preguntarle por los retos que significaban asumir la presidencia y otras generalidades propias de su posesión, para peguntarle como nuevo Presidente del Concejo sobre aspectos de mayor importancia.

Frente a las noticias e investigaciones en torno a las presuntas acciones y omisiones  en las que pudo haber incurrido Sergio Fajardo como Alcalde y Gobernador para beneficiar a familiares y amigos, donde recientemente se ha visto salpicado su compañero de curul y de partido Yefferson Miranda, Jaime Cuartas no vaciló en responderme, palabras más palabras menos, algo como: “si tienen rabo de paja que respondan por sus actos”.

Jaime Cuartas no comparte la decisión del Alcalde de haberle cerrado a Nacional el estadio, desconociendo el perjuicio económico para el equipo y para las miles de personas que trabajan en la economía del fútbol.  “Es una decisión facilista que no ayuda a solucionar la violencia en el fútbol …,y yo no le echo la culpa ni siquiera al Alcalde, sino al comité que lo asesora en esos aspectos”. 

Cuartas dice que aún sus electores no han recibido orientación de cara a las elecciones parlamentarias y que está en proceso de estudiar cuáles son las candidaturas más afines con su visión política, por lo que piensa que es prematuro mencionar nombres propios. Ahí si me “cañaste” presidente. 

Se mostró preocupado por  la seguridad de la ciudad y por la incapacidad del municipio para atender a las cerca de mil personas que están llegando desplazadas de Buriticá por culpa del desalojo masivo de mineros informales de cuenta del DAPARD,  lamentó la falta de entendimiento entre el Gobierno Nacional y el Departamento para evitar los desplazamientos desde las regiones, y afirmó que aunque existan programas de atención para estas personas,  no hay presupuesto que aguante.

DESPLAZADOS: “urabeños” y “rastrojos” generan desplazamientos en el bajo cauca por el control de la explotación minera. Cerca de 300 personas llegaron al casco urbano de Zaragoza huyendo de la hostilidad de las Bacrim. Ese desplazamiento es el mismo que ha propiciado las fuerzas del Estado, miembros de la Continental Gold y de la Gobernación de Antioquia en Buriticá, pero a mayor escala. Me lo dijo Juan Guillermo Londoño Berrío, rompiendo una cláusula de confidencialidad ante la Corporación Ayuda Humanitaria, encargada de desalojar a los pequeños mineros de ese municipio, quien trabajó una semana con sus días y noches en la zona y luego renunció al constatar las injusticias cometidas. ¿Situación de nunca acabar?

jueves, 21 de noviembre de 2013

ORO, BUROCRACIA E INJUSTICIA

Buriticá, municipio del occidente antioqueño de  6.700 habitantes, enfrenta hoy una crisis sin precedentes a causa de su auge minero, donde han llegado cerca de 7.000 personas, duplicando la población, en busca de dinero y bienestar trabajando la pequeña minería; generando una inflación que encareció tanto la vida, al punto que muchos han abandonado el municipio y otros prefieren vivir en localidades vecinas y viajar diariamente a extraer el oro.

Y es que “Buriticá está moviendo la economía del departamento”, afirmó Farley Girón representante de los pequeños mineros, a quien recurrí para que me explicara en detalle la problemática que enfrenta el municipio, al que llega gente de todo el departamento y hasta de otras regiones del país.

Esta semana el DAPARD impartió una orden para desalojar a cerca de tres mil mineros ilegales, por estar en zona de alto riesgo, hecho que genera sospecha porque el estudio de riesgo se realizó con información suministrada por la Continental Gold, quien tendría también que desalojar por ubicarse en la misma zona; y porque sucede justo una semana después que la multinacional, dueña de los títulos mineros (29.000 hectáreas),  recibiera una multa por parte de Corantioquia por 3.000 millones de pesos, por derramar químicos en las cuencas hídricas que llegan al Río Cauca. 

Otra fuente consultada, Carlos Varela (no el Alcalde de Buriticá) sino el conocido “pechón”, minero de la zona, me mostró un video y una fotografía del Gerente de la Continental Gold, Eduardo Otoya, vestido con chaleco del DAPARD. ¿Entonces para quien trabaja esa entidad?, ¿para el pueblo o para los “gringos”? 

En cambio a los pequeños mineros que extraen el oro artesanalmente y no contaminan, se les vulnera el derecho al trabajo y se les persigue, no son tenidos en cuenta dentro del código minero, y pudiendo hacerlo, no les permiten formalizarse.

Las vías a Buriticá están cerradas, el orden público está muy alterado, cortaron la luz en la zona de desalojo, el hospital no da abasto, el colegio está sobrepoblado, hay problemas de abastecimiento de alimentos, el Alcalde parece que está escondido porque no se ve, y los pequeños mineros se rehúsan a abandonar el sitio, muchos de ellos dispuestos a enfrentar a la fuerza pública. 

No es procedente sacar a estas personas a la fuerza, en vez de ello deberían abrirse mesas de concertación entre todos los actores para plantear soluciones, pero la Continental no quiere y parece que el Gobierno tampoco. 

El Dapard suscribió con la Corporación Ayuda Humanitaria, un contrato por 1.828 millones de pesos, por un mes, para evacuar la zona de riesgo; recursos que bien se han podido invertir en programas para la formalización de la pequeña y mediana minería en la región o hacer el lobby para incluirlas dentro de un nuevo capítulo, en el código minero.

El malestar es grande porque “Continental Gold, sin tener permiso aún para la extracción, por estar en fase de exploración, ya se encuentra extrayendo el mineral y se lo llevan sin pagar regalías; dos veces a la semana viene un helicóptero a recogerles el oro producido y quién sabe para dónde se lo llevan”. Afirmó Girón, quien agrega que “estamos regresando a la conquista regalando nuestras riquezas a los extranjeros”.

NOTA: El Representante a la Cámara, Juan Diego Gómez, es el gran defensor de la explotación minera a gran escala (multinacionales), ojo pequeños mineros que él no los representa. 

jueves, 7 de noviembre de 2013

ALGUNOS DE LOS "MÁS EDUCADOS"

Sergio Fajardo Valderrama debe estar preocupado porque las investigaciones en su contra, seguro terminarán esclareciendo todas las maromas con las que, abusando del poder, desde su paso por la Alcaldía de Medellín hasta su penosa gestión al frente del Departamento, ha perjudicado el bien común y favorecido las cuentas bancarias de su familia y amigos cercanos.

Amigos cercanos como Horacio Vélez, ex gerente de UNE, a quien le cursan 24 investigaciones administrativas y disciplinarias en Personería y unos posibles detrimentos por 14 mil millones de pesos investigados por la Contraloría.

Personaje sombrío de quien se dice, está detrás de todas las decisiones que se toman en el piso doce de la Gobernación, que salió por la puerta de atrás de UNE y del IDEA y que hoy funge como asesor vinculado del “más educado” y como miembro de la Junta Directiva de Savia Salud EPS en representación del Gobernador. Qué mal.

Otro amiguito del Gobernador, Mauricio Valencia, actual Secretario de Infraestructura de Antioquia, ex Director de Planeación y de Obras Públicas de Medellín, ha sido también comodín y beneficiario de la truculenta estrategia de engorde de Fajardo, que ha pasado de agache ante la opinión pública pero que pronto reventará, porque se trata de una bomba de tiempo.

Recordemos que Mauricio Valencia al frente de la Dirección de Planeación de Medellín, se encargó de delimitar el derrame del impuesto de valorización de la comuna 14 (El Poblado), donde de forma sospechosa quedaron excluidos del pago de dicho impuesto los predios donde viven los hermanos del Gobernador y algunos amigos suyos.

¿Cómo explica por ejemplo Mauricio Valencia, ficha clave del andamiaje de Fajardo, tener una casa por la que pide siete mil quinientos millones de pesos, en la ultra exclusiva parcelación de Cedro Verde cerca del alto de Las Palmas, donde no se paga valorización y es “estrato cuarenta”? 

Este cuestionado funcionario también lideró la reciente adjudicación por 90 mil millones de pesos, de la licitación para la construcción de la doble calzada al empalme de la vía del túnel de occidente, de 4.1 km, desde el intercambio de la Carrera 80. Hay desconcierto porque el ganador de dicha invitación pública, fue el Consorcio Ferrocol Loma Hermosa, conformado por la empresa española Ferrovial Agroman S.A, que fue “sacada” de EPM por incumplimiento de sus obligaciones, y la constructora Colpatria S.A, entidad que ha desarrollado junto a la cuestionada constructora del hermano del Gobernador, proyectos habitacionales de alta gama, que no cumplen con compensaciones urbanísticas ni ambientales.

Y es que la empresa de la familia del Gobernador está en graves aprietos económicos y legales porque no le responde a los inversionistas, no le responde a los dueños de los predios, no le responde al Municipio, y con alias “el arquitecto” en la cárcel, presunto financiador de algunos de los proyectos de la firma constructora, parece que se quedaron sin caja para responder a sus obligaciones.

Otro “educado” es el “gerente” de Teleantioquia Sergio Valencia, otrora humorista que defendía la libertad de expresión y nos hacía reír despotricando de los malos manejos públicos, pero que hoy genera indignación por su manejo antidemocrático y oscuro de la pauta oficial y el cubrimiento informativo que le ha dado a Teleantioquia Noticias, que antes sí informaba.

Y Antioquia rajada en competitividad educativa. ¡Aplausos!

jueves, 31 de octubre de 2013

REFORMA NO RESUELVE CRISIS

El pasado martes el sector de la Salud entró en paro de actividades y tuve la oportunidad de conversar un buen rato con la médica Marta Ramírez, Representante a la Cámara e integrante de la Comisión Séptima, donde se discuten los temas de la salud de los colombianos, momentos después que el Presidente, ante la misma Comisión, se comprometiera a pagar la deuda pública de los Hospitales (habrá que ver con qué “chichigua” sale), y reconociera el liderazgo y compromiso de la congresista antioqueña en este moribundo sector.

Le pedí que me explicara por qué estaba en desacuerdo con el Proyecto de Reforma que acaba de pasar por el Senado y que ahora llega a la Cámara para ser discutido, y tras una larga exposición de argumentos, estadísticas y propuestas, llego a la misma conclusión, por muchos conocida.

La Salud en Colombia tiene que dejar de ser un negocio, hoy los colombianos tenemos carné, pero la inequidad en el acceso a los servicios de salud seguirá sumando muertes diarias.

Las personas más necesitadas ven la salud como un privilegio al que solo acceden los que no las padecen, porque en el Sistema actual el dinero prima sobre el derecho constitucional a la salud.

Y llevamos tres años de gobierno donde han desfilado por la Cartera de Salud tres jefes; al paso que vamos, en cuatro años, serán cuarto Ministros. Inaudito, más cuando se discute en pleno, un proceso de Reforma.

La crisis del Sistema General de Salud en Colombia no se resolverá cambiando de Ministros.

Nuestra salud es víctima de intereses políticos y reeleccionistas y ha sido abordada con irresponsabilidad en el Senado para bien de los actores poderosos del sector. Ojalá en su trámite por la Cámara, se develen las verdades que se esconden tras el proyecto de Reforma y se logre mermar la presión para su aprobación, además que es lo más sano, porque aprobar una Reforma tan delicada en época electoral, genera desconfianza y es irresponsable.

Lo ideal para obtener una Reforma de cara al pueblo, es disponer de tiempo, ese que el Presidente no tiene, e ir paso a paso, porque se trata de la discusión de un tema estructural, no es cualquier “bobadita”.

Ningún actor de la Salud en Colombia quiere que le impongan tarifas o reglas. Las casas farmacéuticas no quieren dejarse regular y sobornan congresistas, los productores de tecnología tampoco; los Prestadores de servicios de salud no quieren control sobre sus tarifas, ni sus utilidades; y resulta que el Sistema tiene que ser regulado.

Nuestra salud no se recupera de cuenta de la corrupción y antes de darse la Reforma hay que advertirle al pueblo, que si se aprueba como está estructurada, las cosas seguirán igual o peor, porque no hay transparencia, inclusión, ni accesibilidad; aspectos que desde la dinámica política, han  importado un comino.

Necesitamos un Sistema en Salud capaz optimizar los gastos y volcarnos hacia un modelo de promoción y prevención, aspectos que tampoco se ven en la Reforma.

El Ministerio de Salud perdió su liderazgo y poder, porque fueron arrebatados por los intereses de los grupos económicos. Y el Ejecutivo ni reglamenta, ni aplica, ni vigila, ni sanciona, ni nada de nada…

¿Y en medio de este despelote otra ley que tampoco resuelve la crisis? ¡Qué dolor…